THREE BLIND MICE, SEE HOW THEY RUN!

J.S. Lucerna
2006, Derechos Reservados

I
Uno de los serios problemas que enfrentamos a la hora de pensar en una reforma contributiva es que una parte considerable de la economía del país se produce en el llamado sector informal. Este término es uno dudoso, pues pareciese apuntar hacia el gremio de vendedores ambulantes y otros sectores profesionales que prefieren facturar en efectivo los servicios prestados. Pocos se imaginan que el mismo encierra también al narcotráfico, factor económico importante para comprender el paso de un imaginario basado en la producción a uno centrado en el consumo.

Pero el poder del narcotráfico va más allá de la actividad económica que este genera. Es como una “parte maldita” (Bataille) que nadie nombra pero todos asumen. Como práctica discursiva, el narcotráfico encierra toda una serie de conductas, creencias y valores que guían la conducta de aquellos que de una manera u otra participan de él. De igual forma que podemos hablar de la política practicada bajo los preceptos del latifundio y la hacienda, el intercambio simbólico en la esfera de consumo actual queda trastocado por los preceptos del narcotráfico: no hace falta ser “bichote,” tener un “punto” o ser “tecato” para comportarse como uno. Tal pareciese que esta economía ilegal, feroz, carnívora y virulenta es el subsuelo a partir del cual se erige toda una serie de relaciones que sostiene parcelas particulares de nuestra meseta consumista.

Por tal razón, no debe sorprender cuando tres políticos, jóvenes todos, son acusados de tener vínculos con un reconocido narcotraficante ya fallecido. De primera pudiera decirse que entre un político y un narcotraficante no hay mucha diferencia. Pero si bien la comparación es bastante acertada, no se estaría abordando las serias consecuencias que encierra la relación en cuestión. Puede que creamos firmemente en el fin de la partidocracia, pero una cosa diferente sería asesinarla simplemente por el hecho de verla desaparecer. Esto no garantizaría que aquello que venga a reemplazarla sería mejor. El caso en cuestión es un buen ejemplo, como también hay otros.

II
Pensemos un momento en el funcionamiento básico de la política en tiempos eleccionarios. Cada candidato debe colectar suficientes fondos como para empapelar cada centímetro cúbico de los espacios públicos a modo de que la gente o se harte de él, o en cambio le preste su voto. Los viejos proverbios de la partidocracia indican que “le deberás favores a aquel que contribuya a tu campaña; pero los favores serán proporcionales a la aportación brindada.” No hace falta ser un estudioso para comprobar la validez de tal proverbio: los casos de corrupción durante las administraciones Roselló bastan.

Pero una cosa muy particular es servir de peón de los llamados “grandes intereses” y otra es recibir financiamiento para una campaña política de parte de un reconocido narcotraficante. Puede que un desarrollador decida invertir en un candidato particular porque sobreentiende que dicha aportación redundará en un beneficio económico para él; lo privilegiarán a la hora de las subastas, o manipularán las reglas con tal de que quede como el único cualificado para llevar a cabo la “obra pública.” Esa es la partidocracia en su máxima expresión. Pero cuando un personaje del bajo mundo ofrece financiamiento, ¿qué podrá pedir a cambio? ¿Protección de las fuerzas de la ley? ¿Un proceso legal más llevadero? ¿Privilegios en la cárcel?

Me parece que existen otras formas de lograr esto. En múltiples ocasiones los periódicos han reseñado casos de corrupción policíaca, siendo los más notorios Alejo Maldonado y el Coronel Meliá. ¿Por qué no pensar que lo mismo pudiera estar ocurriendo en los tribunales y en las cárceles? No es cuestión de recursos, pues todos sabemos cuánto genera el narcotráfico. Tampoco se trata de inaccesibilidad a funcionarios públicos dispuestos a jugársela con tal de hacer en un santiamén lo que no hacen en un año. Y es que nos equivocamos si tratamos de encontrar una racional a esta situación desde el punto de vista del narcotraficante. Es necesario enfocarse mejor en el político.

III
¿Qué provecho puede haber en mantener relaciones con un conocido narcotráfico cuando se es un político partidocrático? Me parece que esta situación apunta tanto a la quiebra de dicho sistema como a las formas en que sus participantes pretenden acumular capital político en esta época. Una mirada a la idiosincrasia del narcotráfico puede que nos ayude a explicar mejor esta situación.

La historia del país esta llena de figuras del bajo mundo idolatradas tanto en la historia oficial como en la más pedestre: el “Pirata Cofresí” y “Toño Bicicleta” son algunos de los ejemplos que más resaltan a la memoria. Su construcción/constitución como héroes folclóricos depende de la forma en que sus crímenes y fechorías son interpretados como una forma de resistir el poder colonial, imperial o abusivo de aquellos designados a ejercer el poder. Pero parte de ese mismo imaginario lo es la forma en que sus acciones para con el “pueblo” eran de solidaridad y empatía; al burlar la fuerza colonial (Cofresí) o la policía estadista represiva (Toño Bicicleta), le brindaban esperanza a los desahuciados del imaginario político y económico del país. Robin Hoods criollizados.

No es muy diferente la forma en que el “bichote” es construido hoy día dentro de su área de operación. Sigue siendo Robin Hood. A través del año auspicia fiestas, cumpleaños, bautizos, etc. Lleva a los principales cantantes de reggaetón a las canchas de baloncesto, aporta en la celebración de fiestas populares (navidades, fiesta de reyes, etc.). Compran piscinas y contribuyen a diferentes actividades veraniegas con tal de que su “comunidad” pueda gozar de algunos de los privilegios que otros sectores disfrutan a diario.

En cierta medida el narcotraficante ha venido a llenar el vacío creado por el Estado en su afán por privatizar y economizar en la administración de los residenciales públicos. Los privatizadores, faltos de compromiso con la comunidad, y entregados a la ley de “la libreta de cheques,” apenas cumplen con los requisitos mínimos necesarios para obtener un buen calificativo de HUD (la agencia federal de vivienda) y poder continuar con su explotación de la riqueza gubernamental.

Estamos en presencia de un nuevo populismo asentado sobre las ruinas del estado benefactor. En vías de ganarse el favor popular, los narcotraficantes aplican su propio gobierno de “las tres B”: baile, botella y baraja. Mientras el gobierno, en medio de la crisis, abandona estos territorios a su propia suerte, una especie de contrapoder se apodera de ellos. Este es uno de los focos de la crisis de gobernabilidad del país: la pérdida de legitimidad del Estado enfrentado a otras formas de organización de lo social. El objetivo de los bichotes, sin embargo, es muy claro; de este modo logran “comprar” a la mayoría de los residentes de sus comunidades. Ante una investigación judicial o policíaca, la ley del silencio triunfa.

IV
Las acciones del bichote no son diferentes a las del político hacendadista; éste último compra los votos para su victoria a través de promesas y regalos a sus fieles constituyentes. El primero logra la continuidad de su operación ilegitima a través de la compra del silencio de su lugar de operaciones.

La crisis de legitimidad que hoy día sufren los partidos políticos, si bien tiene su origen en la caducidad del debate sobre el status, cala más hondo hasta llegar a los cimientos de estos. Sin “barriles de tocino” a través de los cuales ganar el favor popular, con un gobierno en quiebra presto al achicamiento, y sin posibilidades de continuar el desperdicio continuo de fondos públicos para la construcción de monumentos a la inutilidad, el político posmoderno precisa de alcanzar otros medios con los cuales acaparar el imaginario de sus “constituyentes.” ¿Qué mejor manera de hacerlo que utilizar el poder populista de convocatoria del narcotraficante? La bendición de éste a un candidato a puesto electivo es casi equivalente a la compra de votos muñocista de antaño. Existe, sin embargo, un agravante; si bien el narcotráfico es como una “parte maldita,” tan pronto como quede al descubierto es necesario renegarlo. A eso se expone el que tienda puentes con esa parte maldita.

V
Existe una razón de peso por la cual el escándalo que vincula a miembros de la cámara legislativa sean del partido de oposición. Ante la caducidad de la partidocracia y el debate del status, el partido que lleva más las de perder es el PNP. Gracias a su ambivalencia en materia de status, el PPD tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Pero el PNP no. Desde su fundación, la colectividad alzó vuelo bajo la defensa a brazo partido del ideal de la estadidad. En estos tiempos, con el debate natimuerto, sería necesario una profunda transformación ideológica del mismo. La crisis actual que sufre dicho partido parece apuntar más a su desaparición que a su permanencia, en la medida en que continúa aferrándose a la estadidad como razón de ser.

Otra poderosa razón por la cual dos senadores y un representante estén estrechamente vinculados a un notorio narcotraficante radica en la base demográfica del partido. Desde la década del setenta, el PNP capitalizó fuertemente en los residenciales públicos impulsando su discurso de la “estadidad para los pobres.” Ahí radicó su mayor base de apoyo a través de los años, y solo con el advenimiento del Roselló esa base logró ampliarse hasta los sectores profesionales. Quizá en la desesperada búsqueda de sus raíces, de volver a ganar el favor popular y la vigencia perdida, dos noveles legisladores y el hijo de un destacado político estadista se tiren la maroma de allegar adeptos a través de tan fortuita maniobra.