Sobre la Falta de Relación entre la Reforma Contributiva y la Crisis Fiscal del Estado

J.S. Lucerna
2006, Derechos Reservados


I
En el marco de discusión sobre la “reforma contributiva” se construye su justificación a partir del “evasor legítimo,” mientras la verdadera economía informal (aquella que se nutre del narcotráfico y otras actividades ilícitas) ni siquiera figura en los discursos oficiales. El “evasor legítimo” sería aquel sujeto obstinado en burlar las normas impuestas para el intercambio económico: el profesional que prefiere cobrar en efectivo y así no reportar sus verdaderos ingresos al fisco, el que vende en los semáforos 14 horas al día cobrando también en efectivo, el que utiliza paraísos fiscales para ocultar sus verdaderas ganancias, etc. En el lenguaje de las estadísticas se hablaría del margen de error, aquellos que se desvían de la norma e impiden que el Departamento de Hacienda cumpla con las expectativas de recaudos para el año. Al imponer un impuesto a la venta, se logra detener la evasión que estos sujetos realizan a diario. O sea, si bien el Estado no logra que los mismos tributen por su producción, al menos abonarán en el consumo.

Esta maravillosa solución al perenne problema de la evasión contributiva contiene otra justificación no explicitada: la “insuficiencia de fondos” por parte del estado para llevar a cabo la gestión pública. Es lo que subyace y al mismo tiempo socava la credibilidad de cualquier discusión sobre una “reforma contributiva.” De este modo, el “sales tax” se convierte en una doble tributación para los sujetos del consumo enganchados en la cadena global de distribución; se tributa a la entrada del dinero, y también a la salida. Así, cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de matemáticas se pudiera dar cuenta que de un plumazo los impuestos aumentaron en un 7%. Si antes se tributaba por el salario devengado 15%, ahora el tributo total real será de un 22%, puesto que desde los servicios esenciales hasta los caprichos deberán incluir el impuesto sobre la venta. No deja de maravillar la matemática, el discurso y las justificaciones de los políticos partidocráticos a la hora de gravar la existencia de los sujetos del consumo.

Pero, ¿por qué no figura más prominentemente la crisis fiscal del gobierno en los discursos sobre la reforma contributiva? Porque a ningún político partidocrático se le ocurriría revelar sus tricks of the trade. Vale la pena, sin embargo, echarle una mirada al intricado discurso de la crisis fiscal.

II
Luego del gasto extraordinario de las administraciones Roselló (o quizá el costo de tener por dos cuatrienios a la cabeza del país) y el quinceañero político y económico de Sila M. Calderón, el gobierno llegó a un destino presagiado por la crisis petrolera del 1973, pero abnegada por siete administraciones (4 del Partido Nuevo Progresista, 3 del Partido Popular Democrático). Puede que Acevedo Vilá sea el primero en asumirla discursivamente, pero sus acciones de ninguna manera denotan un alejamiento consecuente con las prácticas fiscales partidocráticas que desbordaron en esta situación. Desde julio del 2005, el gobernador conocía la insuficiencia de fondos que enfrentaría el aparato gubernamental dado el presupuesto no aprobado por la legislatura. Su administración había preparado uno, el mismo que fue enmendado y reducido considerablemente por la asamblea legislativa. ¿Qué acciones se tomaron al respecto? Pedirle al personal gerencial que se acogieran a un plan de reducción de jornada y salario. Ciertamente, al genio que se le ocurrió la idea deberá ser nominado a un premio Nóbel. ¿A cual? Citando a Carlos Pieve, al de Genio de la Insuficiencia.

Datos de la Junta de Planificación indican que de julio a enero del pasado año fiscal el crecimiento de la fuerza trabajadora en el sector público se mantuvo al mismo ritmo de crecimiento. Las agencias a penas recortaron programas, personal o servicios. En otras palabras: aún conociendo la debacle, el gobierno mantuvo el curso inalterado. Lo del 1ro de mayo no fue una acción desesperada. Fue concertada, con mucho propósito y alevosía. ¿Cuál? Lograr empujar una “reforma contributiva” que allegara mayores fondos al Estado. Difícil de entender.

Las concertadas acciones del ejecutivo y el legislativo de gravar aún más los bolsillos de los contribuyentes están basadas en la ideología partidocrática del quehacer gubernamental. Pedro Roselló transformó la forma de hacer política en el país de cara al nuevo siglo, en la medida que revivió la construcción de infraestructura y de monumentos (a la insuficiencia, en muchos casos) como forma de medir la eficacia de una administración en particular. La latencia de Muñoz Marín en el imaginario de muchos puertorriqueños se debe a las profundas transformaciones que éste realizó al convertir el país de uno basado en hacienda con costumbres latifundistas, en una economía moderna dependiente de capital extranjero (en vías de convertirse líquido). La creación de una infraestructura que diera cabida a la inversión foránea también implicó la transformación del modo de vida del puertorriqueño; del campo a la ciudad, de los arrabales a las urbanizaciones y los residenciales públicos.

Este empuje desarrollista se agotó en los años setenta. Sin nada más que construir y con un capital líquido en fuga, la gestión pública transmutó a la simple administración, falto de imaginación y voluntad. Fueron tiempos donde a falta de hacer algo, se intensificó el debate sobre el estatus. Las administraciones penepés se entretuvieron persiguiendo independentistas, mientras los populares, por su parte y encabezados por el heredero ideológico de Muñoz Marín, jugaron el papel de la presidencia y la realeza.

De cara a los noventa, donde se comenzaba a perfilar el aplanamiento del mundo y el surgir de la cadena global de distribución, Roselló recuperó la voluntad hacia la infraestructura y estableció un intensivo plan de reconstrucción y remodernización del país. No era una idea tan nueva y, además, existían modelos a pequeña escala; Ramón Luis Rivera, padre, en Bayamón, y José Aponte La Torre en Carolina. Su masivo triunfo en el 1996 estableció la pauta de que para ser un candidato con posibilidades de triunfo se debía gastar el capital público en obras, edificios y adefesios que recordarán el legado del gobernante. Roselló también impulsó otra serie de servicios hacia el público que calaron hondo en el imaginario de los puertorriqueños: la tarjeta de salud, la modernización de la policía, los asaltos a los residenciales públicos, etc.

Todas estas acciones golpearon significativamente el fisco gubernamental, pues las mismas no fueron acompañadas de geopolíticas económicas que dieran cuenta de la metamorfosis que sufría el capital por aquellos tiempos. Además, el status dementia de Roselló introdujo la incoherencia a lo que parecía ser un plan cuidadoso y bien orquestado. Su obsesión con la estadidad hizo que abandonara cualquier lucha a favor de créditos contributivos para el capital extranjero. Nunca dio pelea en contra de las leyes de cabotaje, a modo de lograr una mejor inserción en la economía global en la zona del Caribe (esto a pesar de impulsar la construcción del Puerto de Las Américas). De este modo, la competitividad del país decayó y los recaudos del fisco disminuyeron, al mismo tiempo que el gasto aumentaba exponencialmente.

El desastre de la administración de Sila M. Calderón radicó más en el hecho de que ésta nunca le puso coto al derroche creado por las administraciones Roselló. En todo caso, ésta implementó un nuevo despilfarro de fondos públicos en obras poco organizadas y sin un norte económico preciso. Pero, nuevamente, el llamado “programa de gobierno” de Sila estuvo moldeado de acuerdo a aquellos implementados por su predecesor: siempre prometiendo hacer más, sin importar si la solvencia económica del gobierno aguantaba todas las promesas.

La lucha sin cuartel que han librado los poderes ejecutivos y legislativos en el presente cuatrienio se basan en estas premisas. De un lado, la legislatura penepé intenta a toda costa ponerle freno a cualquier intento del gobernador popular de crear obra que le dé relieve e importancia a su figura de cara a una posible reelección. Acevedo Vilá, siempre político hábil, orquestó la crisis del pasado Mayo para así construir una oposición ideológica considerable y facilitar el flujo de dinero a las arcas gubernamentales. El fin último: construir más obra pública.

Nuevamente: no deja de maravillar la matemática, el discurso y las justificaciones de los políticos partidocráticos a la hora de arreglárselas y seguir sosteniendo el sistema.